Ya puedo escuchar las objeciones que algunas personas pondrán a esta columna, y puedo anticipar las cartas que podría recibir para expresar fuerte desacuerdo con el llamado a la acción que, en este momento crítico, deseo hacer en favor de la moral pública de nuestro entrañable Estado de Oregón. Que esta columna sirva como respuesta a las objeciones de muchos y como explicación del porqué éste es el momento en que los fieles católicos hagan que sus voces se escuchen clara y fuertemente.

Con frecuencia escuchamos que mucha gente, incluso católicos, dicen que la Iglesia debe abstenerse de entrar en la política y no dar opiniones que afectan el bienestar público de nuestra sociedad. Escuchamos clamores de un falso entendimiento de lo que llaman “separación de Iglesia y Estado”. En verdad es cierto que la Iglesia debe abstenerse de la política entre partidos y no debe involucrarse en el apoyo de candidatos específicos ni en determinados partidos políticos. Eso sí, la Iglesia debe hacer todo lo posible por formar la consciencia de los creyentes, de acuerdo con su doctrina social, dejando que ellos apliquen un juicio prudente en su decisión de apoyar un candidato al servicio público u otro.

Pero hay asuntos relacionados con intereses políticos que transcienden más allá del apoyo a partidos políticos, y que afectan las fibras morales más íntimas de nuestra sociedad, sobre las cuales la Iglesia y los creyentes como individuos tienen el derecho y la obligación de manifestarse claramente y sin dejar dudas. En estos temas de acción política la Iglesia tiene el derecho de sentarse a la mesa y ayudar a formar el bienestar social. Este año, en las elecciones de Oregón se incluye una propuesta de ley que incumbe a la Iglesia. Es la propuesta de Ley 106, para la cual pido el apoyo de cada uno de los católicos de Oregón.

Un poco de información sobre los antecedentes. En el 2017, la gobernadora Kate Brown firmó el Decreto 3391 de Oregón. Este decreto incrementó considerablemente el destino de fondos para apoyar el aborto, con los impuestos pagados por los contribuyentes. Los legisladores declararon dicho decreto como medida de “emergencia”; entonces, los ciudadanos del Estado no pudieron ejercer el voto en esta iniciativa relacionada con los impuestos. Bajo la nueva Ley, cualquier persona cubierta por el Plan de Salud de Oregón, tiene acceso a un número ilimitado de abortos gratuitos, por cualquier razón y en cualquier etapa de gestación. Esto incluye abortos que se pueden hacer más tarde en la gestación, cuando el bebé que no ha nacido está sano. Tus dólares pagados como impuestos al Estado se destinan a estos abortos.

En Oregón se recopilaron suficientes firmas, a través del proceso de iniciativas de ley, para agregar la Medida 106 en las boletas electorales; este otoño, los ciudadanos pudieran votar, haciendo que su voz se escuche. La Propuesta de Ley 106, si los votantes de Oregon la aceptan, evitará que los dólares recaudados como impuestos se destinen al aborto solicitado (por elección) y al aborto permitido en etapas de gestación avanzada. El corazón de esta propuesta dice: “El estado no gastará fondos públicos para ningún aborto, excepto cuando sea necesario por razones médicas o cuando la ley federal lo requiera” [Traducción de El Centinela]. Este texto se agregará a la Constitución del Estado de Oregón.

Aunque la enseñanza moral católica prohíbe el aborto directo en cualquier circunstancia, tomen en cuenta que, si la Propuesta 106 pasa, no va a prevenir que el dinero de los impuestos se use en todas las circunstancias. La ley todavía permitirá que se destinen fondos para el aborto en casos de peligro o muerte de la madre, y cuando la ley federal o requiera, como en casos de violación o incesto.
Lo que la Propuesta 106 prevendría es que nuestros dólares de impuestos pagados se usen para financiar los abortos por elección o cuando las circunstancias señaladas arriba no estén presentes, incluyéndose los casos en que el embarazo ya está avanzado, cuando el bebé no nacido está sano y no hay peligro de muerte para la madre.

A veces se presentan asuntos de políticas públicas, que requieren un juicio prudente de parte de todos los católicos con conciencias bien formadas, y sobre los cuales hay desacuerdo entre católicos de buena conciencia. En esas situaciones, los católicos pueden, siguiendo su buena conciencia, diferir sobre cuál es la manera más prudente de tratar las políticas públicas que afectan el bienestar común.
La Propuesta 106 no es uno de esos casos. Los católicos estamos moralmente obligados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar el aborto o a limitarlo lo más posible.

El bebé que no ha nacido es el más vulnerable de toda la vida humana. El látigo del aborto en nuestro país es uno de los ejemplos de mayor indiferencia por la santidad y dignidad de cada vida humana, que sufre nuestra sociedad. Debemos dar un paso adelante y hacer todo lo que podamos por limitar o eliminar el aborto. Lo hacemos por la vida misma… la vida de un miembro único de la familia humana, creado a imagen y semejanza de Dios. Toda vida humana es valiosa.