Ante las reacciones suscitadas por el “Proyecto Tía María”, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana expresa su preocupación ante el posible crecimiento de esta situación y espera que “un diálogo oportuno pueda evitar un nuevo conflicto social”.

Esta semana se otorgó la licencia de construcción de la mina de cobre “Tía María” en una zona agrícola del sur del país a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo México, provocando un fuerte rechazo de congresistas, autoridades locales y regionales, organizaciones de agricultores, así como un llamamiento al presidente Martín Vizcarra para que “imponga el diálogo” ante un posible conflicto social y un paro indefinido, convocado contra el proyecto.

Un organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energía y Minas para revisar el estudio de impacto ambiental hizo más de 130 observaciones al proyecto, lo que llevó finalmente a la empresa a desecharlo.

Posteriormente, en 2011 y 2015, siete personas murieron disparadas en las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, en la provincia de Islay (Arequipa).

Nueva aprobación 

El Ministerio de Energía y Minas aprobó de nuevo el proyecto en 2014, con vigencia hasta agosto de 2019, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia social que no consiguió.

En este contexto, el pasado lunes, 8 de julio de 2019, algunas fuentes de la empresa filtraron la noticia de que Southern obtenía la autorización para la construcción de Tía María, pero el Ministerio de Energía y Minas se negó a confirmar a la prensa dicha versión.

Alerta por conflicto 

Al día siguiente, la empresa difundió un comunicado en el que afirmaba que “Southern Peru reitera su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población necesita, a fin de lograr un contexto social más favorable”.

Los medios de comunicación alertan de que en la capital de la región, Arequipa, y en la provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las movilizaciones a partir del próximo lunes, lo que ha hecho que el sistema de salud haya decretado una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto social y se evalúa la suspensión de las clases en 178 escuelas de Islay.

Garantizar la paz social

En este contexto, los obispos peruanos saludan los pronunciamientos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y otros sectores sociales, quienes han pedido que se imponga el diálogo en “Tía María”, antes de que se desarrolle cualquier acción de la mina.

“El diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social, con equidad, honestidad y justicia”, escriben los prelados. El Papa Francisco recordaba que el diálogo “es un intercambio recíproco de confianza…que desea el bien de las partes y estrecha vínculos de fraternidad y amistad para avanzar por caminos de justicia y de paz”.

“Invocamos a todos los actores vinculados a esta controversia a establecer mecanismos de diálogo que permitan superar cualquier diferencia o interés personal para buscar siempre el bien común, el bien del Perú”.