Refugiados venezolanos son vistos después de recibir alimentos y otros elementos básicos de emergencia, auspiciados por la Congregación de las Hermanas  Misioneras de la Consolata, en Boa Vista, Brasil, en abril del 2019.  (CNS foto/Paul Jeffrey).
Refugiados venezolanos son vistos después de recibir alimentos y otros elementos básicos de emergencia, auspiciados por la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Consolata, en Boa Vista, Brasil, en abril del 2019. (CNS foto/Paul Jeffrey).

 

LIMA, Perú (CNS) — A nueve días de haberse decretado el estado de emergencia que Perú impuso para detener la propagación del coronavirus, Antonio Palomino Quispe llegó a casa justo después de que comenzara el toque de queda nocturno.

Ese día, 24 de marzo, estuvo entregando canastas de alimentos, a 30 de los 100 ancianos de bajos ingresos que suelen recibir desayuno y almuerzo tres días a la semana en la Iglesia San Martin de la Caridad en Villa El Salvador, un extenso vecindario de bajos ingresos en el extremo sur de Lima, la capital de Perú.

Desde el 16 de marzo, cuando el gobierno ordenó a la gente el aislamiento preventivo obligatorio en casa, excepto para comprar alimentos o medicinas o para ir al médico en caso de una emergencia; los "Martincitos", como los ancianos denominan a su grupo, por pertenecer a la comunidad de San Martin de Porres, han estado confinados en sus hogares.

Muchos de ellos viven solos, entonces, perderán las comidas, el ejercicio, las actividades y el compañerismo que sus reuniones solían proporcionar.

"Los adultos mayores son las personas más olvidadas" en Perú y las más vulnerables a la enfermedad, dijo Palomino, de 59 años, quien fundó el grupo hace tres décadas.

Aunque los ancianos no pueden reunirse, él sigue siendo su salvavidas. A la mañana siguiente, Palomino entregó 70 cestas más arregladas a la carrera, junto con alimentos y otros artículos donados a la parroquia.

La pandemia del coronavirus arrasó gran parte del mundo antes de llegar a América Latina, dando a los líderes tiempo para aprender de las altas tasas de mortalidad en países como España e Italia.

Los funcionarios dicen que las medidas drásticas del Perú están impidiendo que el número de casos aumente más allá de la capacidad de respuesta del sistema de salud.

La mayoría de los otros países de América Latina han tomado medidas similares, aunque algunos no han limitado el movimiento tan severamente como Perú.

Millones de latinoamericanos ganan por día solamente lo necesario para cubrir las necesidades diarias de sus familias, por lo que el cese de todas las actividades crea dificultades rápidamente.

Los funcionarios gubernamentales deben equilibrar el peligro del COVID-19 frente al riesgo de que las personas pasen hambre y el peligro de presentarse disturbios sociales.

En las ciudades más grandes como Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, los problemas son aún más agudos. Millones de personas viven abarrotadas en favelas; barrios de bajos ingresos que a menudo carecen de servicios públicos, suministro de agua y alcantarillado.

Los expertos en salud advierten que el COVID-19 podría barrer las favelas dejando resultados letales, pero el gobierno no ha impuesto medidas nacionales, dejando a los estados y ciudades para tomar sus propias medidas.

En Río de Janeiro, una cuarentena impuesta ha dejado sin trabajo a vendedores ambulantes, manicuristas, estilistas, conserjes, guardias de seguridad y otras personas, dijo Vania Ribeiro, vicepresidenta de la Asociación de Residentes de Tabajara y Cabritos, dos favelas que son hogar de 21.000 residentes.

"Si no vas a trabajar, no tienes nada que comer en casa", dijo Ribeiro a la agencia Servicio Católico de Noticias. "No hay dinero, no hay agua, no hay comida. Es una situación muy difícil".

La clínica local de Salud Pública es compartida con Copacabana, un barrio con un gran número de ancianos, quienes enfrentan un alto riesgo de morir si contraen el virus. Pero la clínica no tiene kits de prueba COVID-19, por lo que las personas con síntomas son enviadas a casa para esperar el período de cuarentena, dijo Ribeiro.

En las favelas, sin embargo, tres generaciones a menudo comparten una sola habitación que sirve como sala de estar y dormitorio, tal vez con una pequeña cocina separada.

"¿Cómo un residente de una favela puede permanecer en cuarentena sin contacto con otras personas?" Ribeiro preguntó: "¿Cómo podemos aislar a los ancianos?"

El alcalde de Río de Janeiro propuso trasladar a los residentes ancianos que resulten positivo a los hoteles, pero Ribeiro dijo que eso no ayudará a barrios como el suyo, donde la clínica no tiene pruebas para la detección del virus.

Al igual que Brasil, México también se ha negado a imponer cuarentenas y apenas está empezando a limitar las grandes concentraciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha celebrado mítines en zonas rurales del interior del país, abrazando a los partidarios y besando bebés. En un video publicado en las redes sociales el 22 de marzo, animó a la gente a seguir saliendo a cenar a restaurantes para impulsar la economía.

Los observadores dicen que López Obrador quiere salvar a las clases trabajadoras, que carecen de los medios financieros para soportar el aislamiento domiciliario y estar fuera del trabajo durante varias semanas o meses.

"No tienen ningún ahorro en absoluto. Viven al día, cheque a sueldo", dijo al CNS el Padre Robert Coogan, un sacerdote estadounidense de la Diócesis mexicana del Norte de Saltillo.

El Padre Coogan ministra a los prisioneros, que son especialmente vulnerables al virus, ya que conviven en el mismo lugar, muy cercanos.

"Pasará por la población de la prisión si entra", dijo el Padre Coogan. "Yo voy a entrar solo para decir la misa, nadie de mi equipo entra y —no habrá ningún otro contacto con ellos."

Los reclusos están preocupados, especialmente porque tienen poco acceso a información creíble y están preocupados por lo que podría suceder a sus familias, dijo.

La preocupación también está aumentando en la Región del Amazonas, donde los casos son menores, pero suceden en comunidades remotas, especialmente aldeas de indígenas, que carecen de servicios de salud y son especialmente vulnerables.

En Boa Vista, en el noroeste de Brasil, el riesgo es mayor para los venezolanos que han huido de la crisis política y económica de su país.

Unas 6.000 personas viven en refugios oficiales en tiendas de campaña, mientras que unas 20.000 más viven en campamentos improvisados o edificios abandonados o duermen en la calle, dijo Esther Tello, codirectora de Cáritas, la oficina de asistencia social y humanitaria de la Iglesia Católica en Boa Vista.

Muchos asentamientos carecen de agua corriente, por lo que una buena higiene — crucial para prevenir el contagio— es prácticamente imposible. La preocupación surgió el 24 de marzo a medida que el número de casos confirmados en la ciudad aumentó de dos a cinco.

Debido a la prohibición de las reuniones públicas, los funcionarios de la ciudad amenazaron con multar a varias hermanas de la Congregación de Misioneras de la  Consolata que proporcionaban frente a su casa, cada mañana, pan y café a venezolanos sin hogar. Las hermanas —que son personas de la tercera edad y en mayor riesgo si contraen el virus— han tenido que dejar de servir los desayunos, dijo Tello.

En Iquitos, la ciudad amazónica más grande de Perú, el obispo José Javier Travieso Martín, del Vicariato de San José de Amazonas, fue hospitalizado con COVID-19. Los funcionarios de salud están rastreando a más de 60 personas con las que tuvo contacto antes de ser diagnosticado.

Muchas de esas personas son misioneros o catequistas que regresaron a comunidades rurales remotas de indígenas, después de reunirse con el obispo, justo antes de que se declarara el estado de emergencia.

En los barrios de bajos ingresos de Iquitos, donde las casas de madera se construyen sobre pilotes debido a inundaciones estacionales, el pescado, un elemento básico de la dieta amazónica, ha desaparecido de los mercados y los precios de otros productos han aumentado, dijo Estela María Pérez Vilchez, de 42 años, a CNS.

Pérez, que trabaja como aseadora en una clínica de diálisis, se considera afortunada de tener un trabajo durante la cuarentena. A pesar de la orden del gobierno de quedarse en casa, algunos de sus vecinos todavía se aventuran por unas horas al día para vender artículos o conducir bicitaxis motorizados, en un esfuerzo por ganar unos dólares.

"No hay trabajo, y la gente no sabe si va a poder comer", dijo Pérez, un catequista laico en la extensa Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Una buena higiene también es difícil para muchas personas, que carecen del servicio de agua potable en sus hogares y deben pagar a otros unos centavos por un cubo de agua para lavar.

Pérez perderá las reuniones semanales en la capilla del barrio, donde normalmente dirigiría la liturgia de la Palabra y comenzaría clases de educación religiosa para niños este mes.

"Rezamos para que no pase nada" y que el estado de emergencia pueda levantarse pronto, dijo Pérez. Para evitar el contagio del virus, "tomo precauciones, pero el que más me protege es Dios", agregó.

Contribuyeron a este reportaje Lise Alves de Sao Paulo y David Agren de Ciudad de México.

Traducido y editado en español por Patricia Montana de El Centinela