En su primer día de mandato, el presidente Biden emitió un memorando para preservar y fortalecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por sus siglas en inglés, el cual protege de la deportación a miles de jóvenes residentes en los Estados Unidos, traídos por sus padres cuando niños.    

“El Secretario de Seguridad Nacional con asesoramiento del Fiscal General de la nación tomará todas las acciones que considere apropiadas de acuerdo con la ley, orientadas a preservar y fortalecer DACA”, señala el documento firmado por el presidente Biden el 20 de enero del 2021.

DACA fue creada en el 2012 por el presidente Barack Obama y su sucesor en el cargo, Donald Trump ordenó rescindir el programa en 2017, prohibiendo la admisión de nuevas solicitudes de jóvenes, incluso después que la Corte Suprema de Justicia bloqueara su propuesta.

El presidente Biden también presentó al Congreso un ambicioso proyecto de ley que contempla otorgar estatus legal y una vía a la residencia legal permanente en el término de ocho años a decenas de miles de inmigrantes al tiempo que propone reducir el tiempo en los procesos para la reunificación familiar.

El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, presidente de la USCCB, y el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville, de Washington, presidente del Comité Episcopal de Migración, afirmaron "estar listos para trabajar con el presidente y su administración y el Congreso en este asunto urgente de la vida y dignidad humana” para los inmigrantes, en comunicado de prensa emitido el 21 de enero. 

“Recibimos con satisfacción el anuncio que preserva y fortalece el Programa DACA. Durante años, los jóvenes beneficiarios de DACA han enriquecido a nuestro país. Contribuyen a nuestra economía, son veteranos de nuestro ejército, destacados académicos en nuestras universidades y líderes en nuestras parroquias y comunidades. Ellos y sus familias merecen certeza, compasión, generosidad y justicia.

“Los jóvenes beneficiarios del programa, conocidos como soñadores, merecen la oportunidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos, acceder a oportunidades educativas y no temer la deportación”.

El arzobispo Gómez y el obispo Dorsonville adujeron que “la protección de los sonadores debería ser sólo un primer paso en la reforma sistemática de nuestras obsoletas leyes de inmigración”.

“Ahora es el momento de avanzar de una manera bipartidista para arreglar nuestro sistema de inmigración ineficiente”, agregaron.

El arzobispo y el obispo repitieron el llamado a la acción legislativa, afirmando que ha llegado el momento de una reforma migratoria integral no sólo para los soñadores sino para las personas indocumentadas que residen en el país.

Abogaron por una reforma que “mantenga la inmigración basada en la familia, honre el debido proceso y el estado de derecho, reconozca las contribuciones de los trabajadores, proteja a los vulnerables que huyen de la persecución y aborde las causas profundas de la migración”.

El abogado John Herrera, director de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas, enfatizó recientemente la importancia de consultar con Caridades Católicas y estar alerta a no caer en manos de personas inescrupulosas que pueden tomar ventaja del momento para estafas y engaños.

“Restringir la inmigración fue una de las decisiones emblemáticas de la Administración Trump. Sin embargo, con la administración de Biden, esperamos el regreso a políticas más justas y humanas para inmigrantes y refugiados”, afirmó la organización Caridades Católicas en declaración publicada el 12 de enero.

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