El tribunal judicial de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, SNYD por sus siglas en inglés, en un fallo emitido el 29 de julio del 2020, prohibió al Departamento de Seguridad Nacional —DHS— por sus siglas en inglés, aplicar la regla de inadmisibilidad por motivos de Carga Pública, por cualquier periodo mientras esté vigente la emergencia nacional de salud declarada por la pandemia de COVID-19.

"Ninguna persona debe dudar en buscar atención médica, ni debe soportar ningún castigo o sanción si busca ayuda financiera temporal como resultado del impacto de la pandemia", escribió el juez de distrito de los Estados Unidos George B. Daniels. 

El mandamiento judicial suspende la aplicación de la norma mientras dure la emergencia nacional declarada debido al COVID-19. 

Al emitir su orden a nivel nacional, el juez federal dijo que “como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estatus migratorio”. 

“Cualquier política que disuada a los residentes de buscar pruebas de diagnostico y tratamiento para el Covid-19 aumenta el riesgo de infección para dichos residentes y el público”, afirma la resolución judicial.

Estados Unidos declaró la emergencia de salud pública por el coronavirus Covid-19 el 31 de enero del 2020. 

La regla de Carga pública entró en vigor el 24 de febrero del 2020 y es una medida que limita las opciones para obtener beneficios migratorios como por ejemplo una visa, una extensión de plazo o estadía o la residencia permanente (Green card) a los inmigrantes que hagan uso de fondos públicos o subsidios, tales como cupones de alimentos (SNAP), asistencia de vivienda o dinero en efectivo. 

Los demandantes, que incluían la fiscalía general de los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, organizaciones defensoras de inmigrantes y Caridades Católicas argumentaron con éxito que “la nueva regla estaba teniendo un efecto escalofriante en los inmigrantes legales y sus familiares que de otra manera habrían buscado tratamiento médico o asistencia financiera durante este período.  Por ejemplo, los niños y padres ciudadanos estadounidenses en estos hogares han renunciado a los cupones de alimentos y la atención médica financiada por el gobierno federal por temor dañar la elegibilidad del padre no ciudadano para una tarjeta verde”, manifestó la Red Católica de Inmigración Legal, más conocido como CLINIC, por sus siglas en inglés.

La sentencia judicial establece que los demandantes aportaron “amplia evidencia” de que la regla de carga pública disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba de Covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.

El juez manifestó que “el mundo está en la agonía de una pandemia devastadora provocada por el coronavirus SARS-Cov-2. En seis meses, aproximadamente 16.5 millones en el mundo han sido afectados por la enfermedad causada por el virus. 650 mil personas han muerto en el mundo. En los Estados Unidos se ha propagado rápidamente infectando a más de cuatro millones de personas y causado la muerte a más de 150 mil personas”. 

“Doctores y demás personal médico, funcionarios locales y federales, así como personal en organizaciones sin ánimo de lucro han sido testigos de que algunos inmigrantes se niegan a registrarse en el programa de salud del Medicaid u otra forma de cobertura médica pública o renuncian a las pruebas de detección o tratamiento del Covid-19 por miedo a que aumente el riesgo de ser catalogado como carga pública, señala la sentencia.

“En espera del resultado de cualquier apelación a la decisión del 29 de julio del 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, por sus siglas en inglés, aplicará las guías de carga pública de 1999 vigentes antes de que se implementara la Regla de Carga Pública el 24 de febrero del 2020 para la adjudicación de cualquier solicitud de ajuste de estatus a partir del 29 de julio del 2020”, informó el Departamento de Inmigración en su página web.