WASHINGTON (CNS) -- Una política de inmigración que busca acelerar el proceso de deportación puede producir atropellos de derechos legales, incrementar miedo dentro de comunidades inmigrantes y generar aún más separación de familias, dijo un obispo católico de Estados Unidos a cargo de temas de inmigración a nivel nacional.

"Hago un llamado al Departamento de Seguridad Nacional para que revierta su decisión de expandir su política de remoción expedita", dijo el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Hizo los comentarios en una declaración del 25 de julio sobre un nuevo plan de acción anunciado por la administración del presidente Donald Trump a fines de junio para deportar a migrantes que no puedan demostrar rápidamente que han estado en los Estados Unidos por lo menos dos años o más y que tengan una razón creíble de ser perseguidos en sus países de origen.

"Ésta es otra acción de la escalada de la política de la administración sobre la aplicación de la ley de inmigración y va a tener consecuencias humanas terribles", dijo el obispo Vásquez. "La nueva política va a permitir la deportación de muchos más individuos sin darles la oportunidad de buscar asesoría legal y tener una audiencia con un juez de inmigración".

Bajo el nuevo plan de acción, los funcionarios de inmigración ahora tendrán un alcance geográfico más amplio para detener y deportar a migrantes que se les sospecha de estar en el país ilegalmente menos de dos años. Al ordenar su rápida remoción, agentes pueden quitar del camino procesos legales para migrantes tales como audiencias de inmigración y el derecho a buscar asesoría legal.

En la declaración, el obispo Vásquez advirtió sobre las consecuencias para las comunidades, incluso aún más separación de familias y un aumento de miedo entre comunidades de inmigrantes en los EE. UU.

"Aún esos migrantes que tienen lazos más estrechos de estadía en Estados Unidos y han estado en este país por más de los dos años requeridos, pudieran ser ahora sujetos de remoción expedita bajo esta nueva política si ellos no pueden presentar pruebas que cumplan con los requerimientos del oficial de inmigración", dijo. "La implementación de esta nueva política va a tener injustos e inaceptables resultados y llevará al incremento de la separación familiar, aumentando el miedo en nuestras comunidades".