WASHINGTON (CNS) — El 3 de diciembre, frente a la Casa Blanca, un grupo numeroso de religiosas y simpatizantes gritaban a pocos metros de la residencia del presidente, pidiéndole poner fin a una política de la era de Donald Trump que no deja a ciertos migrantes entrar al país.

Aunque estaban allí para expresar su oposición a una política diferente, ellos pidieron al presidente Joe Biden que pusiera fin a los Protocolos de Protección al Migrante (o MPP por sus siglas en inglés).

Mejor conocida como "Quédate en México", la política de la era Trump -- que obliga a solicitantes de asilo a permanecer en el lado mexicano de la frontera hasta que sus casos puedan ser escuchados por tribunales de inmigración de Estados Unidos -- está a punto de reiniciarse.

Los defensores de la inmigración no perdieron el tiempo en criticar la restitución de MPP, diciendo que el presidente no ha cumplido la promesa que hizo de eliminarla.

La administración de Biden intentó poner fin a "Quédate en México" con una orden ejecutiva emitida por el presidente poco después de su investidura, deteniendo temporalmente la política. Posteriormente, dicha política terminó oficialmente en junio.

Sin embargo, en agosto, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas dijo a funcionarios de la administración que la política debía continuar ya que no la habían terminado correctamente. El 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear el fallo del juez y dictaminó que la administración tenía que reiniciar la política.

La administración ha prometido poner fin al MPP, pero indicó que, por ahora, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene que cumplir con la orden y que planea restaurar el programa el 6 de diciembre, o alrededor de esa fecha, en un puerto fronterizo y luego expandirlo.

"Reanudar el MPP es una mancha en nuestra nación", expresó Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red de Inmigración Legal Católica, en un comunicado de la Coalición de Inmigración Interreligiosa, un grupo de 55 organizaciones nacionales basadas en la fe, cuyos miembros hablaron poco después del anuncio de la restitución de la política.

Los defensores de la inmigración dijeron que esta norma pone a las personas en peligro al obligarlas a permanecer en ciudades fronterizas peligrosas del lado mexicano -- ciudades que están gobernadas por pandillas y narcotraficantes.

"Es una política peligrosa y mortal. Como sucedió durante su implementación anterior, hombres, mujeres, y niños vulnerables sufrirán denigración, falta de respeto, agresiones, violaciones, y asesinatos", manifestó Gallagher. "Es inhumano, injusto, y viola nuestras obligaciones bajo nuestro propio sistema legal y el derecho internacional de los refugiados".

"Señor presidente, le imploramos que siga los valores católicos que forman la base de su liderazgo de nuestro país", acotó. "Es hora de aprovechar esos valores y priorizar las vidas de los hombres, mujeres, y niños que sufren, esperando en nuestra frontera debido a la política. Es hora de hacer lo que es humano y poner fin a MPP".

En Texas, el fiscal general Ken Paxton dijo que la reimplementación fue una "gran victoria para Texas" y, a través de Twitter, expuso que era necesaria para "restaurar la seguridad y el orden a lo largo de nuestra frontera sur".

Sin embargo, grupos religiosos, que incluían a muchos defensores católicos, reaccionaron con gran decepción.

"Estamos profundamente consternados por la reimplementación de MPP", indicó el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

"Desafortunadamente, los intentos de la administración de hacer que este programa sea 'más humano', por bien intencionado que sea, no mitigarán sus fallas inherentes, ni aliviarán el inevitable costo de vidas humanas", expresó el 3 de diciembre.

"Nos preocupa especialmente que esto perpetúe la tragedia existente de la separación familiar", dijo, "ya que es probable que muchas madres y padres se sientan obligados a separarse de sus hijos en un intento desesperado por garantizar su seguridad".

La Coalición Interreligiosa de Inmigración dijo en su declaración del 2 de diciembre que quería expresar su "justa ira por esta decisión inmoral, que continuará negando a los migrantes su derecho internacionalmente reconocido a buscar asilo".

En la frontera, Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute en El Paso, Texas, dijo que era hora de restaurar las protecciones, no de quitarlas.

"Ya no podemos permitirnos medias tintas o retrocesos, y el regreso de 'Quédate en México' es un paso atrás devastador", que pone a la gente en peligro, acotó.

Durante el evento con hermanas religiosas católicas frente a la Casa Blanca, un hombre llamado Santiago, de Honduras -- quien fue ayudado por la Iniciativa Fronteriza Kino, dirigida por jesuitas en la zona fronteriza de Nogales, Arizona, y Nogales, México -- le suplicaba a Biden, diciendo "la frontera es un lugar difícil".

Habiendo escapado de un secuestro y alabando a Dios por sacarlo de una situación potencialmente mortal, suplicó el fin de las medidas que, según dijo, están poniendo en peligro a personas, incluyendo a su familia.

"Los muertos no necesitan asilo, los vivos sí", dijo.