El presidente de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), Thomas Heine-Geldern, pidió a la comunidad internacional que facilite la ayuda humanitaria para Siria, que sigue sufriendo luego de diez años del inicio del conflicto en el país.

Este 15 de marzo se cumplen diez años del inicio de las protestas antigubernamentales que desencadenaron la actual guerra. 

A las manifestaciones siguieron enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y varios grupos -incluidos movimientos yihadistas como Jabhat Fateh al-Sham y el Estado Islámico-, y que también combaten entre ellos.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR) indicó que, desde el inicio de la guerra hasta diciembre de 2020, han fallecido más de 387 mil personas a causa del conflicto y se han reportado más de 205 mil desaparecidos.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que el 55% de los 22 millones de habitantes que vivían en Siria antes de la guerra tuvieron que huir, donde 5,6 millones son refugiados en Líbano, Turquía, Jordania, entre otros países cercanos.

Según datos de la ONU, se estima que hay 2 millones de sirios que viven en pobreza extrema en el país, y son un total de 13,4 millones de personas los que necesitan asistencia humanitaria.

En este tiempo de dificultad, ACN ha apoyado a la población de Siria que vive “en condiciones calamitosas desde que estalló el conflicto a mediados de marzo de 2011”, así como a la minoría cristiana que, por la migración forzada, se encuentra en peligro de extinción.

“Desde el inicio del conflicto y a pesar de las crecientes dificultades, ACN ha logrado destinar casi 42 millones de euros para más de 900 proyectos humanitarios y pastorales de la Iglesia local siria”, resaltó.

En un comunicado, Heine-Geldern resaltó la necesidad urgente de “actuar, especialmente en lo que respecta a las transferencias bancarias destinadas a ayuda de emergencia” y pidió a Estados Unidos y a la Unión Europea que faciliten la ayuda humanitaria al país.

“Es nuestro deber ayudar a la población civil que sufre en Siria, y especialmente a la minoría cristiana, que corre riesgo de desaparecer. En su nombre les ruego que apliquen el marco jurídico internacional existente, que permite exenciones al embargo por motivos humanitarios”, instó.

El presidente de ACN señaló que “aunque las sanciones prevén excepciones para las transferencias de dinero destinadas a ayuda humanitaria, esto sencillamente no funciona”. Además, recordó las dificultades para importar bienes humanitarios al país.

Heine-Geldern indicó que los “códigos bancarios europeo (IBAN) y estadounidense (SWIFT)” bloquean transferencias que se dirigen a Siria, haciendo “prácticamente imposible que las organizaciones de ayuda transfieran fondos para ayudar a la población necesitada”.

Señaló que estas transferencias son vitales para las “instituciones eclesiásticas y las ONG locales”, que requieren apoyo económico para brindar bienes necesarios para la supervivencia de los desplazados y “de los casi 14 millones de sirios que necesitan asistencia humanitaria”.

“Por eso enviamos dinero para que nuestros colaboradores en Siria puedan comprar alimentos, medicinas, material sanitario y ropa sobre el terreno”, indicó.

Heine-Geldern también se refirió a las dificultades para importar bienes humanitarios a Siria. Incluso “para solicitar pequeñas cantidades de mercancías se necesitan permisos y se cobran altas tasas”, indicó.

“Para solicitar los permisos, nuestros colaboradores en Siria a menudo tienen que vencer obstáculos burocráticos insalvables y multilingües por parte de las autoridades sancionadoras”, lamentó.

El presidente de ACN indicó que, por una interpretación amplia de la normativa, es “especialmente difícil la importación de bienes que pueden ser utilizados para fines distintos a los humanitarios”, como la leche en polvo que necesitan los bebés y niños en desnutrición.

Finalmente, Heine-Geldern pidió que se “defina con claridad lo permitido y lo que está prohibido, y para que establezca procedimientos que posibiliten lo que está permitido”.

“Una solución transitoria podría ser la concesión de licencias generales para determinadas ONG”, concluyó.