Sacerdotes de la Diócesis de Chalatenango, El Salvador, entre ellos el obispo Oswaldo Escobar Aguilar, en el centro, se reunieron para celebrar la misa el 14 de mayo de 2019, en el lugar de la masacre del río Sumpul. Más de 600 residentes del departamento de Chalatenango, en el norte de El Salvador, se ahogaron o fueron baleados por las fuerzas gubernamentales el 14 de mayo de 1980, en una región azotada durante los 12 años de conflicto civil del país. (Foto del CNS/Cortesía de Roberto Rivas, Diócesis de Chalatenango).
Sacerdotes de la Diócesis de Chalatenango, El Salvador, entre ellos el obispo Oswaldo Escobar Aguilar, en el centro, se reunieron para celebrar la misa el 14 de mayo de 2019, en el lugar de la masacre del río Sumpul. Más de 600 residentes del departamento de Chalatenango, en el norte de El Salvador, se ahogaron o fueron baleados por las fuerzas gubernamentales el 14 de mayo de 1980, en una región azotada durante los 12 años de conflicto civil del país. (Foto del CNS/Cortesía de Roberto Rivas, Diócesis de Chalatenango).

CHALATENANGO, El Salvador (CNS) — Si uno observa de cerca el bordado cosido a mano que cuelga en las paredes del Museo de la Palabra y la Imagen en la ciudad de San Salvador, se puede ver una mano estirada que se extiende desde debajo del agua. Otra figura más pequeña, aparentemente la de un niño, está cosida con los brazos extendidos, flotando en un río, mientras helicópteros sobrevuelan sobre él y un grupo de campesinos huyendo.

Aunque no se dice mucho acerca de la persona que lo diseñó, fue realizado por un refugiado o refugiada salvadoreña en un campamento en Honduras en la década de 1980, cuando muchos residentes de la región de Chalatenango, un departamento en el norte de El Salvador, fueron enviados al país vecino en busca de refugio a causa de la guerra.

El bordado representa descripciones de relatos contados por sobrevivientes del evento que hoy se conoce como la masacre del río Sumpul del 14 de mayo de 1980. 

En un área remota llamada Las Aradas, donde el río divide a los países de Honduras y El Salvador, más de 600 personas fueron asesinadas durante un período de 12 horas esa día, después de que las fuerzas armadas de los gobiernos de ambos países y un grupo paramilitar del lado salvadoreño abrieron fuego contra un grupo desarmado de campesinos al que habían rodeado. 

Debido a que algunos de ellos eran activos en los sindicatos de trabajadores, los cuales para el gobierno eran ilegales en ese momento, se decía que eran subversivos. Sin embargo, muchos niños como Julio Rivera, de 8 años en el momento de la masacre, solo buscaban sobrevivir. 

"Abandoné mi lugar de origen después de ser asesinada toda mi familia. Solo quedó mi papá", dijo Rivera en una entrevista con el Servicio Católico de Noticias en enero del 2020.

Lo más doloroso fue el asesinato de su hermano de 13 años; después vino el asesinato de su madre, seguido por los de sus otros hermanos. 

"Así fue como mi familia terminó: asesinada, torturada", añadió. "Y luego mataron a (San) Oscar Romero".

El arzobispo salvadoreño, canonizado por la Iglesia Católica en 2018, fue acusado de ser comunista, la etiqueta que se utilizaba para justificar asesinatos. Fue martirizado mientras celebraba misa el 24 de marzo de 1980, solo siete semanas antes de la masacre del río Sumpul. El arzobispo había pedido al gobierno que cesara lo que para entonces se había convertido en ataques regulares y asesinatos de civiles indefensos desarmados.

Cuando San Romero fue asesinado, se sintió como si la esperanza y la protección hubieran desaparecido para los pobres, dijo Rivera. Correr hacia el río Sumpul al ver soldados armados entrar a su ciudad natal de Las Vueltas parecía un acto de precaución. Pero ese río lo marcaría de por vida después de presenciar la matanza de niños y adultos que se ahogaban mientras intentaban cruzar hacia el lado hondureño, o al ser asesinados a tiros o atacados con bayonetas, un panorama que aún no puede olvidar 40 años después.

El obispo Oswaldo Escobar Aguilar de Diócesis de Chalatenango, lugar donde se produjeron más de 50 masacres, expresó que lo sucedido en el río Sumpul ese día, como otros ataques en el Departamento de Chalatenango, fue un "crimen de lesa humanidad". 

"Hay tanta historia de dolor y sufrimiento", le dijo a Servicio Católico de Noticias el 12 de mayo. Lo que sucedió en el río Sumpul ese día fue solo otra instancia en una larga lista de violaciones de derechos humanos en la región y una en la cual el gobierno hondureño participó.

Aunque el gobierno salvadoreño actualmente mantiene estrictos límites de distanciamiento social debido a la pandemia por el coronavirus, Monseñor Escobar mencionó que planea celebrar la misa por las víctimas y los sobrevivientes de la masacre en su 40 aniversario el 14 de mayo en una iglesia en Arcatao, ciudad natal de muchas de las víctimas de la masacre del río Sumpul.

Cuarenta años, bíblicamente hablando, es un número con mucho significado, dijo el obispo, refiriéndose a los 40 años que el pueblo de Dios en la Biblia fue probado solo para ser liberado y partir hacia la tierra prometida.

"Es un tiempo cuando se debería salir de la prueba a una vida mejor, pero en El Salvador, la impunidad no lo ha permitido", dijo.

Al igual que con el asesinato de Monseñor Romero, nadie ha enfrentado la justicia por lo que sucedió en el río Sumpul, expresó. Y la mayoría de la gente no sabría sobre estos asesinatos si no hubiera sido por la Iglesia Católica. 

Aunque el área donde tuvo lugar la masacre es remota y montañosa (puede tomar dos o tres horas llegar a pie), soldados la custodiaron durante días después de lo sucedido, evitando el ingreso de cualquier persona, lo que dificultó el poder obtener información y documentar lo que había pasado.

Pero cuando los sobrevivientes comenzaron a llegar a Honduras en busca de ayuda médica por sus heridas, los miembros de la iglesia escucharon de ellos lo que había sucedido. En junio de 1980, poco más de un mes después de la masacre, los sacerdotes y las religiosas de la vecina diócesis hondureña de Santa Rosa de Copán, incluyendo su obispo, hicieron una denuncia pública. 

Dos sacerdotes, incluyendo un franciscano capuchino de Nueva York que trabajaba en Honduras, el padre Earl Gallagher, atendieron a las víctimas sobrevivientes poco después del incidente. El padre Gallagher conocido allí como "Padre Beto", contó al New York Times que había visitado el río del lado hondureño un día después de que las víctimas comenzaron a llegar y dijo, "había tantos buitres mordiendo los cuerpos en el agua que parecía una alfombra negra", según una nota del periódico publicada el 8 de junio de 1981.

Aunque ambos gobiernos desestimaron la denuncia como "calumniosa", llamó la atención de dos periodistas que entraron brevemente en el área y pudieron fotografiar cráneos y partes de huesos dispersos en Las Aradas. Con los años, el gobierno de El Salvador finalmente admitió que algo había sucedido allí, aunque se limitó a decir que el número de muertos fue mucho menor a los 600 que los miembros de la iglesia habían afirmado. 

"Lo que quiero que se recuerde este año es que hay unas víctimas que no se les ha hecho justicia", dijo Monseñor Escobar. "Y que el estado necesita pedir perdón, proveer un proceso de justicia transicional y reparación a las víctimas, de los sobrevivientes. Estos son crímenes que claman justicia. Nosotros como iglesia no lo hacemos desde el punto de vista ideológico, de ninguna manera, sino siguiendo la vertiente del Evangelio".

Monseñor Escobar señaló Génesis 4:10, cuando Caín mata a su hermano Abel, y Dios le dice a Caín: "¿Qué has hecho? ¡La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra!"  

Monseñor Escobar, cuya familia también se vio obligada a huir de Chalatenango cuando él era niño después de que un hermano y una hermana fueron asesinados, explicó que también "he padecido violencia" y la "represión". Acompañando a las víctimas, aunque solo sea en espíritu este año, es "acompañar el grito y la angustia de tantos en aquellos tiempos, cuya única voz fue la de Monseñor Romero", dijo.

"Es una historia que no se tiene que repetir", señaló.

Rivera, el sobreviviente, dijo que a algunos les gustaría olvidar lo que le sucedió a él y a otros en el río Sumpul. Pero aquellos que sobrevivieron mantendrán esa memoria viva porque eso hace que puedan honrar a los inocentes e indefensos que murieron ese día. 

"Eran seres humanos, salvadoreños, nuestros familiares, nuestros seres queridos", dijo. "Entonces, no eran animales que se dejaron ahí por esos cerros. Sentimos profundamente la necesidad de rendirles homenaje, rendirles honor". 

A un grupo de sobrevivientes al que el pertenece una vez se les preguntó qué querían de los perpetradores.

"No queremos la pena de muerte, no queremos ni cárcel", dijo. "Queremos que haya justicia, que haya verdad. Para que haya perdón, tiene que haber un reconocimiento de culpa, tiene que haber que las personas (que cometieron los crímenes) reconozcan lo que hicieron y pidan perdón por las cosas que hicieron. Estamos abiertos a perdonar, pero no hay verdadera reconciliación si no hay reconocimiento de la verdad, si no hay justicia".