Los restos de las víctimas de una masacre de 1985 en Accomarca, Perú, se ven durante una vigilia con sus familiares en la iglesia del pueblo el 18 de mayo de 2022. Cientos de personas se reunieron en el pequeño pueblo andino para el entierro de los restos de 50 víctimas de una brutal masacre cometida por soldados peruanos en 1985. (Foto CNS/Jacqueline Fowks).
Los restos de las víctimas de una masacre de 1985 en Accomarca, Perú, se ven durante una vigilia con sus familiares en la iglesia del pueblo el 18 de mayo de 2022. Cientos de personas se reunieron en el pequeño pueblo andino para el entierro de los restos de 50 víctimas de una brutal masacre cometida por soldados peruanos en 1985. (Foto CNS/Jacqueline Fowks).

ACCOMARCA, Peru (CNS) — Han pasado casi 37 años para que cientos de familiares entierren los restos de 50 víctimas —de las más de 70— de una matanza cometida por el ejército peruano en el distrito rural de Accomarca, región andina de Ayacucho, el 15 de agosto de 1985.

Antes del funeral, los osarios fueron velados durante día y medio en la iglesia distrital, una parroquia reconstruida con dinero de los feligreses, en la que las bancas y la puerta llevan inscritos los nombres de quienes las donaron.

La masacre fue parte de las acciones militares contra el grupo terrorista -de orientación maoísta- Sendero Luminoso, cuyo primer atentado ocurrió en la región Ayacucho en mayo de 1980.

Durante la década de los años 80, las fuerzas armadas cometieron numerosas matanzas similares en localidades campesinas, de población quechua-hablante; para eliminar a algunos subversivos mataban a barrios enteros, sin interesar si eran bebés, ancianos o mujeres embarazadas; en el caso de Accomarca, 26 víctimas eran niños.

En la mayoría de casos de violaciones de derechos humanos, los sobrevivientes huían y no lograban que sus denuncias antes las autoridades prosperen, pero en el caso de Accomarca, algunos senadores se enteraron de lo ocurrido, viajaron a los pocos días al lugar de la masacre, y elaboraron un informe.

Luego de un juicio en el fuero militar —que no halló responsables—, otro juicio en el fuero civil concluyó en 2016 con la condena de diez militares, de los cuales solo cinco están presos. Uno de ellos, el teniente que lideró a las patrullas, Telmo Hurtado, fue extraditado de los Estados Unidos en 2011.

Las exhumaciones de este caso empezaron en 2006, pero la falta de fondos para el laboratorio forense del Ministerio Público (Fiscalía) impidieron avanzar con la identificación de los restos. En marzo de 2020, la Fiscalía iba a entregar restos de víctimas, pero empezó la pandemia y suspendieron las tareas.

Entre el miércoles y el viernes, profesionales del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de psicólogos del Ministerio de Salud participaron en la entrega de restos, y acompañaron a los familiares de las víctimas en los velorios y misas en la iglesia de Accomarca.

El jueves, dos de las sobrevivientes, Teófila Ochoa y Cirila Pulido encabezaron una romería en la quebrada donde fue la masacre: allí, al lado de cruces con los nombres de algunos asesinados, un campesino entonó un canto católico en quechua.

El alcalde Fernando Ochoa pidió donaciones para dar mantenimiento a ese espacio de memoria, llamado Santuario ecológico de Llocllapampa, y algunos desplazados por la violencia entregaron aportes en ese instante.

Si bien la Fiscalía identificó 50 restos para la sepultura, un equipo especializado del Ministerio de Justicia que busca a personas desaparecidas durante los 20 años de conflicto interno en Perú (1980-2000) hizo la entrega simbólica de otras decenas de víctimas: ya sea con prendas que usaban las víctimas el día de la masacre, o con fotos, dibujos, cartas o pertenencias de las personas cuyos restos no han sido identificados.

El Ejército prendió fuego a las personas dentro de dos chozas mientras las ametrallaba, y entre la calcinación de los cuerpos y los 37 años transcurridos, los forenses no pudieron hacer más.

Los osarios —en los que depositaron los restos, prendas y objetos de los masacrados— tenían como adorno una cruz de color plateado en la superficie.

Desde la tarde del miércoles, en que fueron llevados a la iglesia para el velorio, el espacio se llenó de flores —de tela y naturales— que llevaron los deudos y el equipo del Ministerio de Justicia.

El primer rezo al final de la tarde del miércoles, con los osarios en el templo, y cánticos en quechua, estuvo a cargo del sacerdote brasileño Marcone Castro, palotino de la parroquia Virgen del Carmen de Vilcas Huamán, ubicada a una hora y media de Accomarca.

Él pidió el descanso eterno para las víctimas de la violencia.

El jueves por la noche, el padre Manuel Cardoso, de la misma orden y nacionalidad, ofició una misa en la iglesia repleta de fieles y velas.

El dolor y las lágrimas de la Asociación de Víctimas de Accomarca, no se debe solo a la crueldad con que sus seres queridos fueron asesinados, sino a que su pueblo sigue siendo pobre, sin oportunidades, servicios de salud, ni carreteras.

Los ritos y elementos del catolicismo impregnaron las casas y calles de Accomarca en esos días. Un accomarquino de unos 60 años, hijo de María Baldeón Reza —una de las víctimas- hizo con sus propias manos una cruz, de unos 70 centímetros, en la que pintó flores y el nombre de su madre.

“La hice con todo mi cariño”, dijo antes de ir a buscar a un sacerdote para que la bendijera con agua.

En la ceremonia del viernes previa al entierro, tomaron la palabra ministros, activistas de derechos humanos, el alcalde distrital, el pastor evangélico Javier Pulido (de Accomarca), y el padre Cardoso, quien leyó los nombres de las víctimas una por una, antes del cortejo fúnebre hasta el lugar donde los sepultaron, a unos metros de la antigua base militar del Ejército.