El Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se solidarizó con las familias de los reos que fallecieron producto de una reciente ola de violencia al interior de varias cárceles del país, y exhortó a las autoridades del sistema penitenciario a humanizar los centros que fueron creados para la rehabilitación social, según declaración pública del 24 de febrero.

El 23 de febrero, una serie de amotinamientos se produjeron en las cárceles de Turi (Azuay), Guayas, Cotopaxi y la Penitenciaría de Guayaquil.

El organismo nacional encargado de los centros penitenciarios señaló que producto de la violencia fallecieron al menos 79 presos en cuatro cárceles. Indicó que aún están investigando sobre las causas de los hechos.

Al día siguiente, decenas de familias de los fallecidos se concentraron en la prisión de Guayaquil y la morgue local para pedir los restos de sus familiares.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía de Ecuador acudieron a las cuatro localidades para retomar el control de las cárceles. Además, el Ministerio de Defensa de Ecuador dispuso un control estricto de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios.

En un comunicado, los obispos expresaron su preocupación y consternación “ante la dolorosa y crítica situación en la que viven las personas privadas de libertad en los diversos centros de rehabilitación social y frente a los hechos crueles ocurridos el martes 23 de febrero”.

Los obispos aseguraron que los trágicos sucesos en Ecuador “no son más que el reflejo de la crisis penitenciaria, de la descomposición social y de la indiferencia colectiva ante esta dura realidad”. Además, se refirieron a las palabras que el Papa Francisco dirigió al personal de la cárcel “Regina Coeli” en Roma en 2019, y llamaron a humanizar las cárceles del país.

“Asumimos como nuestras las palabras del Santo Padre el Papa Francisco: ‘Las cárceles necesitan humanizarse cada vez más y es doloroso escuchar, en cambio, que muchas veces se las considera lugares de violencia e ilegalidad, donde abundan las maldades humanas’”, dijeron.

En ese sentido, se dirigieron a las autoridades de los centros penitenciarios y los exhortaron a garantizar la protección de los derechos de los presos y a cumplir con el objetivo de las cárceles, que es reinsertarlos socialmente.

“Pedimos a quienes tienen a su cargo la responsabilidad del ‘Sistema de rehabilitación social’ en Ecuador realicen una verdadera evaluación sobre el sistema penitenciario y desarrollen programas plenamente humanos que permitan el cumplimiento de la finalidad que determina nuestra Constitución”, dijeron.

Recordaron que el artículo 201 de la Constitución en Ecuador señala que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”.

Los obispos también se solidarizaron con las familias de los presos fallecidos, garantizaron sus oraciones y se ofrecieron a ayudar al gobierno para brindar el soporte necesario para que los familiares puedan sobrellevar sus pérdidas.

“Hacemos extensiva nuestra solidaridad cristiana a las familias de nuestros hermanos privados de libertad que han fallecido, y les aseguramos nuestra oración por su eterno descanso invocando sobre ellos la misericordia divina, al igual que pedimos a Dios la fortaleza y la paz que solo Él nos puede otorgar”, expresaron.

“La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifiesta su disposición de ayudar a las autoridades y sostener a quienes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos en medida de su misión pastoral al servicio de la sociedad ecuatoriana”, concluyó el comunicado.

Ola de violencia en cárceles de Ecuador

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, señaló que lo ocurrido el 23 de febrero se trataría de un enfrentamiento entre organizaciones delictivas por el liderazgo, que quedó vacante tras el asesinato de un líder en diciembre de 2020.

Sin embargo, dijo que aún están trabajando para “poder determinar que nuestra hipótesis tenga las premisas fuertes que nos ayuden a que la Fiscalía Nacional pueda tener la mayor información que permita poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción”.

Según el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, los motines fueron coordinados al mismo tiempo por dos bandas que, aparentemente, se disputan el control de las prisiones.

Pazmiño dijo en Twitter que la causa del problema sería “una acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país”.

El 24 de febrero, el presidente Moreno dijo en un video que los hechos se relacionan con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. “No es casual que estuviera organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y tráfico de drogas en el territorio nacional”, dijo el mandatario, que aseguró que combatirá el narcotráfico.