Imagen captura de pantalla de la publicación de la policía del Ecuador en su cuenta de Twitter. "La Policía actúa frente a los actos de vandalismo evidenciados en el parque El Ejido, donde se atentó en contra del patrimonio natural y los bienes del Estado". afirma la publicación. (ACI Prensa)
Imagen captura de pantalla de la publicación de la policía del Ecuador en su cuenta de Twitter. "La Policía actúa frente a los actos de vandalismo evidenciados en el parque El Ejido, donde se atentó en contra del patrimonio natural y los bienes del Estado". afirma la publicación. (ACI Prensa)

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), hizo un llamado al diálogo para superar la crisis social desatada luego que el Gobierno anunció el martes varias medidas económicas, entre ellas el retiro del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años.

El martes 1 de octubre el presidente Lenin Moreno anunció un reajuste económico que incluye, además de la anulación del subsidio a los combustibles, medidas como la contribución especial a las empresas con ingresos de más de diez millones de dólares al año para destinar lo recaudado a seguridad, educación y salud.

Además, estableció una reducción de 20% a los salarios de contratos temporales del sector público y la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos. Sin embargo, la medida que más causó polémica es la referida a los combustibles.

Según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, estas medidas responden al acuerdo de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha dado a Ecuador acceso a créditos por 4.209 millones de dólares en tres años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados.

Según el FMI, las medidas económicas de Moreno –cuyo predecesor fue el expresidente Rafael Correa–, "tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana".

Sin embargo, el reajuste económico fue respondido con violentas protestas, especialmente en la Quito y en Guayaquil, que fueron respondidas el jueves por el Gobierno con un estado de excepción que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y evitar más violencia. Además, suspende en todo el país la libertad de asociación y reunión.

En su comunicado de este 4 de octubre, los obispos ecuatorianos se expresaron a favor de “la paz social” como “valor fundamental para considerar y hacer efectivos los derechos fundamentales, particularmente de los menos favorecidos, comenzando por el derecho a la vida en todas sus etapas y dimensiones”.

En ese sentido, recordaron que “la violencia, manifestada en cualquiera de sus formas, impide una visión objetiva de la realidad y pone en serio peligro la vigencia de los derechos que tanto debemos precautelar”.

“La promoción de la justicia social debe estar en el centro de todas las decisiones estatales y privadas, de tal forma que todo ecuatoriano cuente con las condiciones necesarias para vivir con dignidad. Las compensaciones sociales deben favorecer a los más pobres”, indicaron.

Afirmaron que “la justicia social demanda a los poderes estatales la recuperación de los bienes del pueblo, usurpados mediante sistemas fraudulentos, para invertirlos en educación, salud, seguridad, vivienda, entre otros”.

Así, ante la crisis social que estos días afecta Ecuador, los obispos señalaron que “el diálogo es el camino más adecuado y eficiente para que los ecuatorianos, especialmente los políticos, empresarios y representantes de los gremios y sindicatos, encontremos nuevos caminos que nos conduzcan hacia un país próspero desde una economía justa y solidaria”.

“El diálogo hace posible que las diferentes organizaciones asuman el compromiso de buscar el bien común más allá del propio, permaneciendo abiertos al encuentro responsable, libres de posiciones extremas”, indicaron.

“Como pastores de la Iglesia Católica, acompañamos al pueblo en sus apremiantes necesidades y oramos por un Ecuador pacífico, justo y equitativo, con pan y trabajo para todos”, culmina el comunicado.