Los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea han deplorado los actos de persecución contra la Iglesia Católica, cometidos recientemente por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Los últimos acontecimientos, como el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios, nos duelen profundamente. Les manifestamos nuestra solidaridad y cercanía”, indica un comunicado del CELAM publicado el 5 de agosto.

A inicios de esta semana el régimen de Ortega clausuró violentamente ocho radios católicas en Nicaragua.

Las emisoras afectadas son Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, y Radio San José, que operan en municipios del norte de Nicaragua.

El viernes 5 de agosto, el Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, mostró a través de un video que un grupo de policías antidisturbios le impidieron a él y a seis sacerdotes salir de la sede de la curia episcopal para ir a celebrar la Misa.

Otro sacerdote, el P. Uriel Vallejos, y un grupo de fieles fueron recluidos por la policía entre el 1 y el 4 agosto en la casa cural de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en el municipio de Sébaco, donde funcionaba una de las radios clausuradas.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo en un tuit del 3 de agosto que “el brutal ataque de Ortega-Murillo contra el clero católico, instalaciones radiales y miembros de la comunidad en (el municipio de) Sébaco es otro golpe a las libertades de religión y expresión en Nicaragua”.

“¿Cómo pueden hombres y mujeres de uniforme (muchos gente de fe) ejecutar tales órdenes?”, cuestionó.

La Unión Europea también se pronunció sobre los actos represivos contra la Iglesia y condenó el cierre “arbitrario” de las emisoras.

“Se utilizó una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos. Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”, denunció en un comunicado Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea.

“Desde 2018, el gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, utilizando asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamiento, acoso e intimidación contra opositores políticos, así como contra periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes religiosos y otros”, añadió en el comunicado del 4 de agosto.

Stano también explica que en la actualidad, Nicaragua cuenta “con más de 180 presos políticos, encarcelados sin respeto a la Constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso”.

Solo en el primer semestre de 2022, dijo que “las autoridades han cerrado más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil, sin una justificación adecuada”.

“Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos. Asimismo, la UE reitera su llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas”, concluyó.

El comunicado de los obispos de Latinoamérica y el Caribe del 5 de agosto también expresó cercanía por  las personas “que por distintos caminos buscan ser voz de los que no tienen voz, para construir un diálogo capaz de trazar un camino de unidad y de paz”.

“Invitamos a todos nuestros hermano de América Latina y El Caribe a unirnos en oración por el pueblo nicaragüense, sus líderes, autoridades y la Iglesia ya que ‘cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él’”, concluye el mensaje.