La magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos Sonia Sotomayor se muestra en una foto de 2010 en el edificio de la Corte Suprema en Washington. Sotomayor emitió una fuerte disidencia a una decisión del 15 de enero de 2021, del alto tribunal que despejó el camino para la ejecución del recluso Dustin Higgs en la penitenciaría federal de Terre Haute, Ind. (CNS Foto/Larry Downing, Reuters).
La magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos Sonia Sotomayor se muestra en una foto de 2010 en el edificio de la Corte Suprema en Washington. Sotomayor emitió una fuerte disidencia a una decisión del 15 de enero de 2021, del alto tribunal que despejó el camino para la ejecución del recluso Dustin Higgs en la penitenciaría federal de Terre Haute, Ind. (CNS Foto/Larry Downing, Reuters).

WASHINGTON (CNS) — Aunque la Corte Suprema despejó el camino para la ejecución de Dustin Higgs el 15 de enero, dos jueces dieron a conocer sus objeciones de forma clara y rotunda sobre su voto particular de disentimiento, cuestionando la rapidez de estas decisiones, e incluso la constitucionalidad de la pena capital.

Horas después del fallo 6-3 de la corte,  Higgs fue declarado muerto a la 1:23 a.m., hora del este, el 16 de enero en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. La suya fue la decimotercera ejecución federal desde el verano pasado.

El disentimiento mordaz de la magistrada Sonia Sotomayor en la decisión del tribunal comienza enumerando los nombres de quienes fueron ejecutados recientemente por el gobierno federal. Sotomayor expuso que aquellos ejecutados "durante esta labor merecían más de este tribunal".

Con respecto a las acciones de la corte en estos casos, que a menudo han sido decisiones de último minuto, ella dijo: "No puede haber justicia improvisada en asuntos de vida o muerte".

Sotomayor señaló que desde que se reanudaron las ejecuciones federales, la Corte Suprema ha "eludido repetidamente sus procesos deliberativos habituales, a menudo a petición del gobierno de Trump, lo que le permite avanzar con un calendario de ejecuciones vertiginoso y sin precedentes".

La juez dijo que había cuestiones críticas que debían examinarse y que "simplemente había demasiado en juego".

La juez católica, nominada por el presidente Barack Obama en 2009, dijo que "el tribunal permitió que Estados Unidos ejecutara a 13 personas en seis meses bajo un esquema legal y un protocolo regulatorio", sin un escrutinio adecuado o sin resolver las serias denuncias planteadas por los reclusos.

"Esto no es justicia", agregó.

Helen Prejean, hermana de San José de Medaille y opositora de la pena de muerte desde hace mucho tiempo, tuiteó que la disidencia de Sotomayor "será recordada en el futuro como una de las más completas y contundentes del esfuerzo insensato, inmoral e ilegal de la administración Trump para ejecutar al mayor número de personas de la forma más rápida posible".

Los magistrados Stephen Breyer y Elena Kagan también discreparon, y Breyer, quien se ha manifestado en contra de la pena de muerte antes, hizo eco de sus preocupaciones expresadas anteriormente de que muchos de estos casos se apresuran en el tribunal.

"Ninguna de estas cuestiones legales es frívola", declaró Breyer sobre las apelaciones que se presentaron ante el tribunal superior. El juez también dijo que el proceso de "apúrate, apúrate" "no es una solución" porque lleva mucho tiempo considerar en su totalidad las complejas cuestiones legales que se plantean.

Breyer también escribió sobre el "sufrimiento psicológico" infligido a los condenados a muerte y dijo que las numerosas cuestiones legales en casos individuales ponen "en duda la constitucionalidad de la pena de muerte en sí misma".

La ejecución de Higgs había sido bloqueada por órdenes de un tribunal inferior que disputaba la legalidad del gobierno federal ya que llevaba a cabo la ejecución en conformidad con la ley de Indiana; sin embargo, Higgs había sido condenado en Maryland.

El gobierno había apelado contra la suspensión de la ejecución y la mayoría de la Corte Suprema lo apoyó. El tribunal también revocó la decisión de un juez de distrito federal que dijo que no tenía la autoridad para permitir que la ejecución de Higgs siguiera adelante.

En sus últimas palabras, Higgs, de 48 años, dijo que era "inocente".

"Yo no ordené los asesinatos", agregó. Higgs fue condenado por ordenar los asesinatos de tres mujeres en 1996 en tierras operadas por el Centro de Investigación de Vida Silvestre Patuxent en Maryland. El hombre condenado por disparar a las mujeres recibió cadena perpetua.

Shawn Nolan, abogado de Higgs, expresó en un comunicado: "No había ninguna razón para matarlo, particularmente durante la pandemia y cuando él mismo estaba enfermo. Vergüenza para todos los involucrados y todos los que han mirado hacia otro lado."

Ocho obispos católicos que sirven en Maryland exhortaron al presidente Donald Trump a detener la ejecución de Higgs.

Los obispos — incluyendo el cardenal Wilton D. Gregory de Washington, el arzobispo de Baltimore William E. Lori, y el obispo W. Francis Malooly de Wilmington, Delaware — también escribieron al gobernador de Maryland, Larry Hogan, buscando de su apoyo.

En su carta, los obispos dijeron: "Las sentencias alternativas, como la cadena perpetua sin libertad condicional, son castigos a través de los cuales se puede mantener a salvo a la sociedad. La pena de muerte no crea un camino hacia la justicia. Más bien, contribuye a la creciente falta de respeto por la vida humana y perpetúa un ciclo de violencia en nuestra sociedad".

Higgs fue la tercera ejecución federal que tuvo lugar en cuatro días, durante las últimas semanas de la administración Trump.

Después de que se anunció que se llevaría a cabo su ejecución, Catholic Mobilizing Network tuiteó: "La ejecución federal final bajo la administración Trump está avanzando. #DustinHiggs es un hijo de Dios y su vida es sagrada. La pena de muerte está mal, esta ejecución está mal. Dios tenga piedad".

Otro tuit decía: "La ejecución federal de #DustinHiggs, como todas las ejecuciones en Estados Unidos, se hará en nuestro nombre, pagada con los dólares de nuestros impuestos. Como seguidores de Cristo, clamamos contra esta injusticia".

El grupo ha estado alentando a los católicos a firmar la petición, instando a la administración entrante de Biden dar prioridad a poner fin a la pena de muerte.

La hermana Prejean instó de manera similar a la gente continuar defendiendo la pena capital, tuiteando: "Mucha gente se ha involucrado en el movimiento contra la pena de muerte durante el año pasado. No permitan que la ola de asesinatos de la administración Trump apague el fuego dentro de ustedes. Estamos más cerca que nunca de abolir la pena de muerte federal. Muchos estados harán lo mismo".