John Herrera, director del Departamento Jurídico de Inmigración en Caridades Católicas, trabaja con una cliente en la oficina de la agencia en Portland en el 2018. La organización sin ánimo de lucro ofrece servicios legales gratuitos y de bajo costo para inmigrantes indocumentadas y víctimas de violencia doméstica. Defensores y Abogados de Inmigración dicen que menos víctimas están reportando abusos o buscando ayuda. (Cortesía de Caridades Católicas).
John Herrera, director del Departamento Jurídico de Inmigración en Caridades Católicas, trabaja con una cliente en la oficina de la agencia en Portland en el 2018. La organización sin ánimo de lucro ofrece servicios legales gratuitos y de bajo costo para inmigrantes indocumentadas y víctimas de violencia doméstica. Defensores y Abogados de Inmigración dicen que menos víctimas están reportando abusos o buscando ayuda. (Cortesía de Caridades Católicas).

Mientras los cambios en las leyes de inmigración y las constantes amenazas de deportación continúan sacudiendo las comunidades inmigrantes, los abogados y defensores dicen que han visto una disminución en la búsqueda de ayuda y en los reportes que las víctimas de violencia doméstica presentan ante las autoridades.

Empleados y agencias asociadas a Caridades Católicas (Catholic Charities) de Oregon, la organización sin ánimo de lucro que provee la mayor cantidad de servicios legales en el estado, han observado que por causa del miedo, su trabajo ha disminuido en toda la región.

“La gente teme llamar a la policía porque creen que serán reportados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), y algunos han dejado de buscar servicios”, dijo Manuel Gutiérrez, un defensor de víctimas de Umatilla, una agencia asociada a Caridades Católicas.

La primavera pasada, siete organizaciones nacionales, incluyendo National Alliance to End Sexual Violence (Alianza Nacional para Acabar con la Violencia Sexual), copatrocinó una encuesta alrededor del país, entre casi 600 defensores y abogados de inmigración.

Más del 76% reportaron que las sobrevivientes inmigrantes temen contactar a la policía.

Durante el año, Caridades Católicas organiza múltiples sesiones de información para los inmigrantes rurales de Oregón para proveer asistencia legal gratuita a las víctimas.

Por lo general, “la sala está llena de gente”, dijo la abogada Sarah Purce, directora asistente de los Servicios Legales de Inmigración de la organización sin ánimo de lucro. “En el último evento no asistió nadie. Estaban muy atemorizados para asistir”.

Miedo exacerbado

En promedio, las víctimas de violencia doméstica -la mayoría son mujeres- hacen siete intentos de terminar una relación abusiva antes de alejarse definitivamente, de acuerdo con la Línea Nacional de ayuda por Violencia Intrafamiliar (National Domestic Violence Hotline).

El miedo a las represalias del abusador, la vergüenza y la falta de recursos económicos para sostener a los hijos están entre las razones por las cuales las víctimas se quedan, dijo Norma Obrist, defensora bilingüe de víctimas con la agencia Tides for Change. La agencia provee techo y apoyo para las víctimas en Tillamook.

Aún sin la amenaza de deportación, las sobrevivientes en la comunidad inmigrante Hispana enfrentan obstáculos adicionales, dijo Obrist. El conocimiento limitado del inglés hace difícil contactarse con los servicios y hay escasez de recursos en español.

Para las víctimas provenientes de las culturas de Centro y Sur América, también puede existir “un sentido de privilegio masculino, que los hombres tienen este poder y control”, dijo Obrist. Ella señaló que un alto porcentaje de víctimas inmigrantes hispanas son católicas y algunas erróneamente piensan que es pecado abandonar un matrimonio abusivo.

Aquellas que están indocumentadas enfrentan obstáculos más grandes, dijeron Obrist y otros defensores en el estado.

“Una de las principales cosas que escuchamos cuando hablamos con sobrevivientes indocumentadas es que, si los abandonan, sus compañeros llamarán a ICE”, dijo Purce.

Que los abusadores domésticos amenacen a sus víctimas con consecuencias de inmigración no es nada nuevo, pero ahora existe una ansiedad más generalizada, dijo Obrist.

Caridades Católicas no tiene cifras exactas de cuántas víctimas están muy atemorizadas como para llamar a la policía o testificar en contra de su abusador, “pero anecdóticamente, escuchamos de aquellas que tienen miedo de asistir a la corte”, dijo Purce.

La antigua Ley de santuario en Oregon dice que los oficiales que vigilan el orden público no deberían llamar a ICE si sospechan que un individuo no tiene documentación legal y no ha cometido ningún otro crimen.

“Sin embargo, no existen repercusiones si contactan a ICE”, dijo Purce.

Así que mientras los inmigrantes indocumentados en Oregon tienen más protecciones que aquellos que se encuentran en otros estados, sus miedos no son infundados.

“Lo que le digo a las clientes es que no les puedo garantizar que sea seguro hablar con los oficiales, pero debería serlo; ellos deberían estar allí para protegerlas”, dijo.

Si una víctima indocumentada vive en un área rural, los desafíos aumentan, dijo Obrist.

“Si alguien quisiera maltratar a su compañera y no ser descubierto, lugares como el Condado de Tillamook son el sitio perfecto”, dijo.

“Hay mucho aislamiento. La población está diseminada y con frecuencia no tienes vecinos cerca. Tal vez no tengas recepción de teléfono celular.

El sistema de buses solo funciona en la ciudad y si no tiene licencia de conducción o vehículo, no hay forma de escapar”, dijo.

También existe escasez de apoyo y consejería jurídica para las víctimas en comunidades rurales. Es esta la razón por la que Caridades Católicas de Oregon ofrece Servicios Legales de Inmigración de forma ambulante”.

Acercamiento restringido

A través de su programa general basado en Portland, Caridades Católicas ofrece servicios legales a bajo costo para inmigrantes indocumentadas que son víctimas de violencia doméstica.

Sin embargo, durante varios años también ha recibido un subsidio del Departamento de Justicia de los EE. UU. para llegar a la misma población demográfica en las áreas rurales del estado.

Los empleados de Servicios Legales de Inmigración convocan a eventos gratis en colaboración con sus ocho agencias asociadas a través de Oregón.

Las sesiones, llevadas a cabo en español, incluyen información en acerca de las formas de ayuda jurídica disponibles para las víctimas.

Como parte de la donación que recibe, la agencia también ofrece entrenamiento para proveedores de servicios, como autoridades y defensores de víctimas.

Entre otros temas, los empleados de Caridades Católicas analizan cómo identificar a quienes pueden ser elegibles para sus servicios. A veces, los eventos se llevan a cabo en línea, un método que se expandirá en el futuro.

No obstante, el subsidio de $1.1 millones por 3 años otorgado por el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), se redujo en $350000, justo ahora cuando aumentó la necesidad de información jurídica veraz y confiable.

Como resultado, la planta de cuatro abogados se redujo a tres. La Fundación Oregon Law otorgó un subsidio de dos años para solventar parcialmente la pérdida, pero en septiembre se terminó, reduciendo el programa a solo dos abogados.

“Definitivamente, es difícil mantener los servicios al mismo nivel con un presupuesto reducido”, dijo Purce.

El miedo impone más límites sobre aquellos a quienes la agencia puede ayudar. En julio, agentes de ICE detuvieron una camioneta con inmigrantes que se dirigían a trabajar en los campos del Condado de Umatilla. Varios trabajadores fueron arrestados.

Umatilla tiene una población hispana considerable, y después de los arrestos, quedó un inquietante sentimiento de incertidumbre, dijo Gutiérrez, un experimentado defensor de víctimas.

“Usualmente Safeway está lleno de hispanos haciendo compras y estaba casi vacío”, dijo.

“Escuchar de arrestos puede ser paralizante para una comunidad pequeña”, agregó Purce.

Una de las sesiones de educación de la agencia estaba programada para un corto tiempo después de los arrestos. Nadie asistió.

Legalización o deportación

Las opciones legales para víctimas de abuso indocumentadas incluyen lo que se conoce como la Visa U, con la cual Caridades Católicas asiste en grandes cifras.

Sin embargo, hay retraso en el trámite de las visas, un creciente número de negaciones y nuevas pautas del gobierno federal que significan mayores retos para los solicitantes. 

Establecidas por el gobierno federal en el 2000, las Visas U ofrecen estatus legal temporal y un camino hacia la ciudadanía para las víctimas de crímenes violentos, incluyendo violencia doméstica.

La meta es mejorar la habilidad de la fuerza pública para investigar los crímenes y ayudar a las víctimas a garantizar su protección.

Para ser elegible, la sobreviviente tiene que ayudar de alguna forma a la fuerza pública, por ejemplo, reportando el crimen o testificando en la corte.

Antes de que la aplicación pueda enviarse al gobierno federal para ser considerada, una agencia de la fuerza pública debe certificar que la víctima ayudó a resolver un crimen.

En el pasado, las certificaciones a través de Oregón eran aprobadas irregularmente, pero la ley aprobada este año deberá hacerlas más consistentes, de acuerdo con Purce. 

Obtener el estatus legal puede “cambiarle la vida a una víctima y ayudarle a construir una existencia segura para ella y sus familias”, dijo.

“La víctima está realmente atrapada al no poder manejar ni ganar su propio dinero para alimentar a sus hijos”.

Con la Visa U, las sobrevivientes reciben un permiso de trabajo, lo que significa poder trabajar legalmente, obtener un número de seguro social y adquirir una licencia de conducción.

Hasta hace seis meses, las víctimas podían aplicar para la visa sin correr el riesgo de deportación si el caso era negado. Ahora, se les iniciará procedimientos de remoción si están indocumentadas y retiran la petición, o si ésta es negada, explicó Purce.

“Tu les dices, ‘Existe algo que potencialmente te puede ayudar en diez años, pero te puede poner en riesgo de deportación. ¿Lo quieres?’”

Sopesando los riesgos

Millet Vargas, una inmigrante de México, carecía de documentos legales cuando descubrió que su compañero abusaba de su hija de cinco años. Sin embargo, no carecía de claridad acerca de qué hacer.

“No dudé en contactar a la policía” dijo Vargas de 43 años, feligrés de la parroquia Holy Trinity en Beaverton.

“No pensé en mi estatus legal; solo pensé en mi niña”.

Se quedó en su carro escondiéndose de su abusador mientras la policía lo aprendía. En la silla de atrás estaba su hija mayor, su infante y la de cinco meses.

“Lo que pasó es tan doloroso que es difícil explicar lo que siento”, dijo con la voz entrecortada. “Mi fe me impulsa a seguir adelante, manteniendo la esperanza de que todo va a estar bien”.

Finalmente, Vargas se conectó con los Servicios Legales de Inmigración, y con la ayuda de la agencia obtuvo una Visa U.

Ya que su hija abusada era menor, Vargas pudo ser incluida en una aplicación. Se convirtió en ciudadana americana en 2016.

“Lo que recibí de Caridades Católicas no tiene precio, dijo Vargas, quién emprendió su propio negocio y envió a su hija mayor a la universidad. “Para mí, esto es el sueño americano”.

Vargas nunca cuestiona su decisión de llamar a la policía. Ella piensa que si las actuales políticas restrictivas de la Visa U hubieran estado en curso cuando ella aplicó, tal vez no hubiera tomado el riesgo de volverse ciudadana.

“Hubiera tenido miedo de que me hubiera podido pasar a mí, de que mi familia pudiera verse separada”, dijo.

Vargas dijo que le preocupan las víctimas que no dejarán a los abusadores por miedo a la deportación o a la separación familiar.

“Sé que, porque los inmigrantes están asustados, muchas mujeres seguirán viviendo en situaciones terribles y sus hijos también”.

katies@catholicsentinel.org